Asociación de Funcionarios de Delegación Provincial de Melipilla se adhieren a reclamos nacionales contra la reciente decisión de la Contralora Dorothy Pérez

Con un afiche de protesta en el frontis de Delegación Provincial de Melipilla, el cual reza “Dorothy: La confianza legítima no se transa por tu cargo”, la Asociación de Funcionarios de la institución se sumó al llamado de alerta expresado por la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios (FENAMINSA), tras el reciente anuncio de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, de abstenerse de intervenir en casos de despidos de contrata en el sector público. Esta medida ha generado un fuerte rechazo entre los trabajadores de gobierno, quienes consideran que podría poner en riesgo la estabilidad laboral.

Destacar que desde el año 2016, durante la gestión del ex Contralor Jorge Bermúdez, la Contraloría General de la República había instaurado el criterio de «Confianza Legítima» para proteger a los trabajadores y trabajadoras de despidos arbitrarios. Esta medida buscaba reducir la discrecionalidad de los jefes de servicio y evitar la creciente judicialización que, hasta entonces, generaba altos costos y conflictos legales.

Durante los últimos ocho años, el principio de “Confianza Legítima” se había consolidado al punto de que los Tribunales de Justicia comenzaron a incorporarlo en sus fallos, definiendo el tiempo mínimo necesario en contrata para garantizar esta estabilidad. Mientras la Contraloría establecía dos años, los tribunales adoptaron recientemente el criterio de cinco años. Sin embargo, el reciente pronunciamiento de Pérez podría revertir estos avances, aumentando los riesgos de que se pierda la protección adquirida y se regrese a una situación de inestabilidad laboral, por la que lucharon por largos años.

En esta línea, FENAMINSA considera «impresentable» el argumento de la nueva Contralora, sosteniendo que esta decisión «renuncia a sus propias facultades» bajo el argumento de que, al ser un tema litigioso, la Contraloría no podría intervenir. En este sentido, la agrupación nacional advierte que esta interpretación restrictiva de la litigiosidad es “deplorable”, ya que los despidos en el sector público históricamente han sido conflictivos y, precisamente por esta razón, se instauró la “Confianza Legítima” para abordar estas disputas de forma constructiva.

En este contexto, las y los funcionarios de la Asociación Melipilla se sumaron en primera instancia de forma pacífica a esta alerta, expresando su preocupación por las posibles consecuencias de la medida, e hicieron un llamado a la autoridad contralora a revisar el pronunciamiento, a objeto de preservar la estabilidad y protección de los trabajadores del sector público, sector el cual además no se rige por el Código del Trabajo, siendo sujetos del Estatuto Administrativo.